Manuel Alberto Restrepo Medina

Y es que cabe distinguir la noción de buen gobierno de la de buena administración, aludiendo la primera a la actuación del poder ejecutivo en sus funciones de gobierno, mientras que la segunda hace referencia al desarrollo de las tareas administrativas por parte del ejecutivo.

Colombia se ha señalado que la realización del Estado social de derecho se articula a través del involucramiento del ciudadano en la actividad pública, pues “a la par que es titular de derechos inalie

doctrina latinoamericana es que el Estado debe adaptarse a las necesidades que le demanda la sociedad y para ello debe valerse de las instituciones que existen, reformularlas o reinventarlas.

autonomía de la voluntad que rige la contratación en general.

no solo se base en materias primas (commodities), sino también en la agricultura, la manufactura y los servicios comerciales.

La compra pública innovadora —CPI— debe definirse como el conjunto de acciones de la Administración encaminadas a incentivar la participación de aquellos sectores del mercado capaces de proporcionar invención, creatividad y nuevas ideas a la satisfacción de necesidades y objetivos perseguidos para garantizar el funcionamiento de las entidades públicas, la protección de prerrogativas en favor de los ciudadanos y el aumento en los niveles de eficiencia de los procesos de compra pública.

independiente a la creación del Consejo de Estado.

artículo 42 del Acto Legislativo 3 de 191024 impuso el deber al legislador de establecer dicha jurisdicción, por lo cual se expide el primer Código Contencioso Administrativo a través de la Ley 130 de 1913.25

expedirse la Ley 167 de 1941, se estableció la organización de la jurisdicción contenciosa y se les asignaron competencias a los tribunales para conocer en primera instancia los juicios de nulidad de actos de las Asambleas Departamentales, de los gobernadores, intendentes, comisarios, de los acuerdos, resoluciones y otros actos de los Concejos Municipales además de los decretos, resoluciones y otros actos del Gobierno, de los ministros y demás funcionarios, empleados o personas administrativas, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad.