Mario Rucavado Rojas

A la hora de trazar una hoja de ruta para semejante cambio de sistema, hay que pensar no solo en la redistribución sino también en la creación de riqueza y valor. El objetivo no puede limitarse a mitigar el daño de las crisis actuales, y los argumentos progresistas contra la austeridad deben ir más allá del tradicional clamor por los proyectos de rápida implementación: lo que realmente hace falta es un cambio sistémico y transformacional para generar un futuro sólido, sostenible e inclusivo. Necesitamos nuevas ideas e instituciones para limitar el catastrófico calentamiento global, reducir la brecha entre los ricos y los pobres, y revertir la implacable financiarización de la economía.

En primer lugar, el sector financiero sigue invirtiendo, sobre todo en finanzas, seguros y bienes raíces; es decir, invierte en sí mismo y no en bienes como infraestructura e innovación. Por ejemplo, el exceso de préstamos en el sistema (que solo aumentó durante la pandemia de covid-19) hizo que la cantidad de deuda privada, y en particular la deuda de los hogares, creciera a niveles récord.[1] Y como el consumo de los hogares aumentó más que el ingreso disponible, el sector financiero cubrió la brecha con crédito, y de ese modo consolidó su expansión. Las rentas y los pagos de intereses aumentaron, y con ello la concentración de ingresos y riqueza en el sector financiero y en los más ricos. Para que verdaderamente sea posible otro capitalismo, hay que transformar el sector financiero, de modo que genere valor para todos.

Una estrategia exitosa en materia de clima, por ejemplo, requiere no solo nuevas formas de energía renovable, sino también nuevos servicios digitales verdes, nuevas formas de aseguramientos, nuevos tipos de materiales y una serie de procesos que faciliten la reducción de la carga del material en todas las manufacturas, desde el acero hasta el cemento. Como explica de forma alarmante el capítulo de Dimitri Zengheli, para enfrentar la crisis climática tenemos que repensar a fondo nuestro sistema económico. Se necesitan políticas públicas sólidas para dirigir la economía hacia un futuro sostenible.

Repensar la relación entre las empresas y el Estado requiere un cambio en los modelos de negocio (más centrados en el valor para las partes interesadas), así como en la forma de gobernar del sector público con una coinversión real en diferentes tipos de tecnología, capacidades e infraestructura. En efecto, no hay mejor manera de luchar contra la desigualdad que hacerlo desde la vertiente de la producción, creando valor de un modo diferente con una relación simbiótica y dinámica entre todos los actores. Aprovechar instrumentos como las subvenciones, los préstamos y la contratación pública, y condicionarlos a resultados económicos sostenibles y justos, puede ayudar a dirigir la economía de forma proactiva para afrontar los grandes desafíos de nuestro tiempo.

A lo largo de la historia del capitalismo, el crecimiento económico fue acompañado por daños ambientales, desde la contaminación del aire, el agua y la tierra hasta la pérdida de hábitats y especies, un contrapunto constante a sus logros en el aumento del bienestar. Si bien algunos de estos problemas se abordaron parcialmente en los países desarrollados, ninguno se resolvió. Todavía no se reconoce lo dependientes que son las sociedades humanas de los procesos biofísicos que las sustentan ni lo peligrosos que son los umbrales críticos (o “límites planetarios”) que muchos de estos procesos ya alcanzaron o están a punto de alcanzar.[42]

Hay tres reflexiones cruciales que conducen a un replanteamiento del capitalismo de esta manera.

En primer lugar, necesitamos una caracterización más rica de los mercados y de las empresas en su seno. No sirve pensar en los mercados como instituciones preexistentes y abstractas en las que los agentes económicos (las empresas, los inversores y los hogares) “entran” para hacer negocios y donde, una vez adentro, deben comportarse de determinada forma. Los mercados se entienden mejor como los resultados de las interacciones entre agentes económicos e instituciones, tanto privadas como públicas. Estos resultados dependen de la naturaleza de los actores (por ejemplo, las diferentes estructuras de gobierno corporativo de las empresas), de sus dotaciones y motivaciones, del conjunto de leyes y reglamentos, así como de los contextos culturales que los limitan, y de la naturaleza específica de las transacciones que tienen lugar. Los mercados están integrados en estas estructuras institucionales más amplias y en las condiciones sociales, jurídicas y culturales.[49]

Muchos de los mercados más importantes del capitalismo moderno tienen forma de oligopolio y están caracterizados por economías de escala y “efectos de red” que conducen a la concentración y benefician a quienes ya tienen una posición dominante.

La segunda reflexión clave es que el verdadero motor del crecimiento y el desarrollo económicos son las inversiones en innovación tecnológica y organizativa, tanto públicas como privadas. La difusión de estas innovaciones en la economía afecta los modelos de producción, y también los de distribución y consumo. Durante los últimos doscientos años, ha sido la principal fuente de mejora en la productividad y del consiguiente aumento en el nivel de vida.[57]

Todas las economías funcionan dentro de sistemas biofísicos; desde un punto de vista ecológico, la actividad económica genera valor utilizando recursos materiales y energía que posteriormente se devuelven al ambiente como residuos, en un estado termodinámicamente más desordenado (entrópico).[70] El crecimiento económico puede derivarse de la ampliación del uso de los recursos biofísicos o del aumento del valor económico generado por unidad de producción.

Por lo tanto, para fomentar la innovación hay que prestar atención a cada uno de estos elementos. La economía necesita empresas con culturas de gestión de riesgo e incentivos que recompensen las perspectivas a largo plazo en lugar de las que, como señala Haldane, se centran en gran medida en los rendimientos financieros a corto plazo. La innovación exige formas muy específicas de financiación: pacientes, a largo plazo y comprometidas. Como afirman Griffith-Jones y Cozzi, esto implica que los bancos públicos tienen un rol especial, capaces de dirigir la financiación hacia proyectos de largo plazo, apalancar el capital privado y estimular los efectos multiplicadores. Las políticas fiscales también deben incentivar la inversión duradera.