Los comisionados afirmaron que la creación de un Estado judío en Palestina solo podía materializarse incurriendo en «una gravísima violación de los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías de Palestina», y subrayaron que someter a los palestinos «a una constante presión económica y social para que entregaran su tierra era una flagrante violación del principio [de autodeterminación] y los derechos de la ciudadanía».[101]